Colaboraciones























El Estado provincial frente al impacto ambiental de la industria del tasajo en la bahía de Ensenada (1871-1895)

 
 

Carlos María Birocco/  Luis Claudio Cacciatore

Los saladeros se establecen en la Ensenada
Las epidemias de cólera y fiebre amarilla que asolaron en Buenos Aires entre 1868 y 1871 marcaron un antes y un después en la convivencia entre las autoridades de la Provincia y la industria saladeril. Se instaló entre los porteños una actitud de desconfianza hacia los saladeros, los que por volcar sus residuos líquidos en el Riachuelo fueron acusados de generar las emanaciones pútridas o miasmas que en los tiempos anteriores a la microbiología eran considerados los agentes etiológicos de las enfermedades. El discurso higiénico y las políticas de saneamiento ocuparían el centro de las discusiones tanto en la Legislatura provincial como en los periódicos, que coincidieron en señalarlos como responsables de aquellos terribles flagelos. Luego de un largo debate en las Cámaras, el 6 de Setiembre de 1871 una ley provincial prohibió que los saladeros y graserías continuaran emplazados sobre el Riachuelo de Barracas y sus inmediaciones.
Aún no había concluido el debate parlamentario cuando dos saladeristas, Juan Berisso y Antonio Cambacérès, decidieron trasladar sus establecimientos a la Ensenada de Barragán. En junio de 1871, el primero se dirigió a la Municipalidad de la Ensenada para informarle que habían adquirido unos terrenos situados en el ejido de ese pueblo, sobre la costa del Río de la Plata. Cambacérès, por su parte, presentó un requerimiento similar al gobierno de la Provincia el 6 de setiembre de 1871. Cuando fue consultado, el Consejo de Higiene aún aguardaba la aprobación de su Reglamento para Saladeros y Graserías, por lo que prefirió no expedirse y se limitó a recomendar que una comisión de peritos fuera enviada a inspeccionar los establecimientos. Se autorizó la apertura de los dos saladeros en forma provisoria, bajo la condición de que se ajustasen al futuro Reglamento.
La etapa inicial resultó difícil para ambos empresarios, debido a que el Consejo de Higiene consideraba a la Ensenada un sitio inapropiado para establecimientos de este tipo. Para terciar en el asunto, el gobierno convocó al ingeniero John Coghlan, que se encontraba realizando peritajes en la zona. Los trabajos que este ingeniero había llevado a cabo en la Bahía de la Ensenada tuvieron por objeto sondear la profundidad de las aguas para detectar la presencia de los mejores canales. Aquel enclave no sólo estaba cobrando importancia por el hecho de que dos importantes saladeros se hubieran instalado allí. Para entonces, las compañías navieras europeas ya habían previsto la posibilidad de utilizar esa Bahía como fondeadero para los buques de ultramar, porque el puerto de Buenos Aires, situado en la boca del Riachuelo, se encontraba en pésimas condiciones a causa de la acumulación tres veces centenaria de sedimentos. Desde la década de 1860, los prácticos de los navíos españoles, franceses y británicos habían convertido a la Ensenada en su objeto privilegiado de observación y mediciones. En 1863, el teniente Jolmstone, a bordo del buque inglés Doterel, confeccionó los planos de ese sector del río y los entregó a la oficina del Almirantazgo, para que los hiciera circular entre los capitanes de las embarcaciones comerciales británicas. En adelante, la Bahía de la Ensenada sería señalada en la cartografía británica con el nombre de “Doterel Creel”.  Entre 1869 y 1870, los prácticos de la goleta española Ceres y la cañonera francesa La Decidée hicieron su propio reconocimiento de la Bahía y proporcionaron cartas detalladas sobre los canales que más tarde fueron utilizadas por Coghlan.
Este ingeniero deber ser considerado el continuador de esas tareas de peritaje, que completó con un sondeo exhaustivo de las profundidades del río en aquel sector de la costa. La Bahía de la Ensenada era a sus ojos un puerto magnífico, rodeado de tierra fértil y poblado de bosques: “es una caja de agua en la cual pueden albergarse  de 1500 a 2000 buques, sin temor a los vientos y en completa seguridad, abrigada por todos lo costados”.  En octubre de 1871 entregó su informe al gobierno. Había conseguido reconocer un canal profundo, bien conocido de los prácticos, que saliendo de las balizas exteriores, seguía la costa frente a Quilmes y por Punta Lara hasta el puerto de la Ensenada, y después de cruzar el banco de Santiago corría por la costa sud del río de la Plata. Frente a la desembocadura de la bahía interior de la Ensenada, este canal estaba obstruido por una barra formada por los depósitos aluvionales de varios arroyos que desembocaban en ella. En cuanto a la Bahía, en ella no había “más corriente que la del flujo y reflujo de la marea que produce diariamente una diferencia de nivel semejante a la del Riachuelo de Barracas, pero más fuerte por la razón que en el interior de la bahía y arroyos de la Ensenada existían grandes esteros, que se llenaban con la marea creciente, y formaban un cuerpo considerable de agua que tenía que salir en el tiempo limitado de la bajante”.
Basándose en esas últimas consideraciones, el Consejo de Higiene juzgó que nada garantizaba que los residuos de los saladeros volcados en la Bahía fueran llevados por las mareas hacia una corriente profunda en el río de la Plata. No quedaba otra solución que llevarlos río adentro por medio de cañerías o trasladándolos en chatas. Ajustándose a su dictamen, en abril de 1872, Juan Berisso expuso en qué condiciones higiénicas trabajaría en su saladero: extraería los residuos líquidos –agua de cola, sangre y salmuera– en chatas, pero hasta que éstas no fueran construidas, los volcaría en pipas y los haría arrojar al agua a una distancia considerable de la costa. El Consejo de Higiene y el ministro Malaver se negaron a autorizar su sistema provisorio de evacuación de efluentes y le prohibieron que utilizara pipas u otros envases para transportarlos, a la vez que le ordenaban que “las chatas-depósitos deberán ser cargadas en el punto en que actualmente cargan las lanchas los demás productos del saladero, o en la ribera de la bahía”. En cuanto a la disposición final de los residuos sólidos de su saladero, no hubo controversia. Una parte que se destinaba como combustible para la fabricación de ladrillos, mientras que lo restante sería reducido a ceniza para la exportación, haciéndose evaporar primero en tinas cerradas, como se practicaba para la preparación del sebo, y quemándose después con los demás residuos en hornos construidos con arreglo a las prescripciones del Consejo de Higiene.
En julio de 1872, el gobierno provincial encargó a una comisión de notables, encabezada por John Coghlan y compuesta, entre otros, por figuras científicas de prestigio como los médicos Guillermo Rawson y Manuel Monte de Oca y el ingeniero Guillermo White, para que realizara un nuevo estudio de las corrientes del río en la Ensenada. La comisión inspeccionó la Bahía, hizo una visita a los saladeros allí establecidos y recorrió los terrenos de las Lomas de la Ensenada. Pudieron apreciar las ventajas que ofrecía aquel puerto para establecer la industria del tasajo en sus cercanías por la facilidad que ofrecía para el embarque de los productos. Las embarcaciones tenían allí más posibilidades de maniobra que en el Riachuelo, al poder zarpar a cualquier hora e independientemente de la marea. En su informe, la comisión aclaró que “esta facilidad para la carga será aún mayor tan pronto como la Empresa del Ferrocarril de la Ensenada construya en la Bahía el muelle que proyecta”. Por otro lado, aconsejó al gobierno que no permitiese que se arrojasen residuos en la bahía, pues “siendo en ella la velocidad de la corriente en general mayor durante la creciente que en la bajante, hay posibilidad de que, aun cuando los residuos se arrojasen en las mejores condiciones, éstas no saldrían de la Ensenada sino en casos excepcionales; y otras veces  podrían ser conducidos al interior de la bahía, donde se quedarían en los arroyos y terrenos bajos, que son cubiertos de maciega y camalotes”. Como los residuos líquidos de los saladeros se producían continuamente, era preciso que se pudiesen arrojar a cualquier hora y a medida que se producían, y esto jamás podría hacerse en la bahía, donde siempre sería necesario esperar, y a veces por mucho tiempo, el momento oportuno.
En cuanto a los dos saladeros, los encontraron en perfecto estado de limpieza. Estos se hallaban en el bajo de la Ensenada: el de Cambacérès cerca del arroyo de Doña Flora, y el de los señores Berisso sobre el arroyo Saladero, a unas 25 cuadras uno del otro. En opinión de la comisión, ambos podrían continuar con las faenas valiéndose del sistema de chatas para echar los residuos al Río de la Plata en el punto que se les había designado. Pero no debía permitirse a otros establecimientos afincarse en la zona baja en que se hallaban, no sólo por razones higiénicas sino demográficas. Aconsejó al gobierno que evitara allí la aglomeración de otros establecimientos, teniendo en cuenta “el aumento de población y el desarrollo que dentro de pocos años tiene que adquirir, gracias al Ferrocarril, y gracias también a los saladeros, si se establecen en sus cercanías”.
Pero aunque esta comisión aceptó el sistema de chatas tal como se lo había implementado hasta entonces, recomendó que a mediano plazo fuera reemplazado por tuberías que llevaran los efluentes hacia el gran caño que se proyectaba construir para llevar los residuos al río. Los nuevos saladeros podrían establecerse en las zonas más altas, las Lomas de la Ensenada, que resultaban ideales no sólo por su posición con relación a la bahía, sino por su topografía. Estos terrenos, que pertenecían a los Iraola, se hallaban a unas cuantas millas del puerto, y estaban en comunicación con la Bahía de Ensenada por medio del Camino Blanco, que se encontraba en perfectas condiciones, y a través de un nuevo ramal podrían conectarse al ferrocarril. Los problemáticos residuos líquidos podían emplearse en el abono o irrigación de las tierras destinadas al cultivo, o bien ser arrojados al río al sur de la Ensenada en un punto situado entre el arroyo Santiago y el de la Masa, sirviéndose de un caño cilíndrico que partiendo del paraje donde se situasen los saladeros, se internara hasta encontrar una profundidad de tres pies de agua en marea baja, para cumplir de esa manera con las exigencias de los artículos segundo y noveno del Reglamento de Saladeros y Graserías del Consejo de Higiene.
Gracias a las indicaciones de esta comisión de notables, a partir de entonces una parte de la industria saladeril podría reconcentrarse en el partido de la Ensenada. No obstante, desde su expulsión del Riachuelo, la producción de tasajo se había dispersado por toda la campaña: de acuerdo con un informe elevado por el inspector de saladeros a la Dirección General de Rentas, en abril de 1872 existían en la provincia 12 saladeros y 73 graserías, que trabajaban con un equipo de 44 cilindros, 119 tinas y 147 tachos de graseado. Pero la Ensenada, como antes Barracas al Sud, se mostraba como el sitio ideal donde podían concentrarse nuevos establecimientos y colocar una tablada que sirviera de punto de fiscalización y control de las haciendas. En diciembre de 1872, un propietario del partido, Adolfo Schickedants, había ofrecido al gobierno un lote de ocho manzanas en las inmediaciones del arroyo del Gato. Este terreno, situado sobre la barranca, era ideal para tablada y el gobernador Acosta aceptó la donación. De esta manera, el Estado provincial pudo establecer un puesto de control fiscal y sanitario por el que pasaran las tropas antes de que fueran faenadas.

Los saladeros de la Ensenada, otra vez bajo la mira de los higienistas
En 1873 se produjo un nuevo brote de cólera y los saladeros de la Ensenada fueron señalados como responsables de la etiología de dicha enfermedad. Debido al notable crecimiento de la población de ese partido, estimulado por la instalación de la industria del tasajo y la grasa, se creyó necesario establecer en algunos buques estacionados en la Bahía un “lazareto flotante”. Belisario Roldán, enviado por el gobierno provincial para informar sobre el avance de la enfermedad, recomendó que no se aumentase el número de embarcaciones en que se hacía la cuarentena en ese puerto. Por su parte, el Consejo de Higiene era de la opinión que el viejo buque Mora, utilizado como pontón del lazareto, debía ser quemado, pues se había “convertido en foco infecto por las asquerosas condiciones de habitación actual”.
A comienzos de diciembre de ese año, los diarios porteños se hacían eco de varios casos de cólera ocurridos en la Ensenada, los que se atribuían a la descomposición de las aguas producidas por los residuos de los saladeros. Tomas García, el juez de paz del partido, informó alarmado al ministro Amancio Alcorta que el capitán y los tripulantes del vapor Emilia, anclado en la Ensenada, habían acudido al capitán de ese puerto para denunciar el estado pútrido de las aguas. Con motivo de haber aparecido varios cadáveres en la costa, entre el Monte de Santiago y la Punta de Lara, la Municipalidad prohibió a la población tomar el agua de los parajes en que antes se surtía, y se vio obligada a traerla por el ferrocarril desde la estación Pereira, colocándola en toneles en la plaza del pueblo a disposición del vecindario. Para el 17 de diciembre, el diario La Tribuna comentaba que ya no había cólera en la Ensenada, “porque los cuarentenarios han sido alejados en los buques que ocupaban. Ayer salieron dos vapores que los conducían, y esta mañana, si el río ha crecido, ha debido salir el pontón Mora, que contenía los atacados”. Se había decidido llevarlos, estuvieran o no enfermos, a la isla de Martín García.
Frente a las graves denuncias sanitarias, el Consejo de Higiene recomendó la urgente inspección y el cese de las faenas de los saladeros de Berisso y Cambacérès. En defensa de ambos, Walker, el inspector de saladeros, informó que el sistema que empleaban para deshacerse de los residuos líquidos era el permitido por los decretos del 5 de abril de 1872: extraerlos en chatas y arrojarlos al agua a tres millas de la costa, al sur de la Bahía de la Ensenada. En el saladero de Cambacérès se había construido un caño conductor de hierro, como de siete a ocho cuadras de largo, que terminaba en la ribera de la Bahía, donde fondeaban las chatas, y que se encontraba al descubierto en su parte más baja; en el de Berisso, los líquidos corrían por una canaleta de madera al descubierto al ras del suelo, llegando también a las chatas que los esperaban en el arroyo del Saladero. Al realizar la inspección, Walker había sido acompañado por el juez de paz García y por tres miembros de la Comisión de salubridad del partido, y coincidieron en que los residuos de los saladeros no eran arrojados sino fuera de la Bahía de la Ensenada.
No obstante, el Consejo de Higiene pidió a Miguel Puiggari que analizara diversas muestras de agua que se tomaron y éste comprobó que existía polución de contaminación reciente, la cual se manifestaba en el olor pútrido en cuatro de las doce muestras. Puiggari, Catedrático de Química de la Universidad de Buenos Aires, basó su informe en la teoría de otro químico, el Dr. Frankland. Las materias orgánicas y putrescibles que se encuentran en un agua, dictaminaba éste,“experimentan una oxidación y descomposición gradual, por cuyo efecto su carbono e hidrógeno se convierten en ácido carbónico y en agua, y su azoe en amoníaco y en ácido nitroso y nítrico”. Puiggari fue, sin duda, el químico farmacéutico más brillante de su época. El estado de los conocimientos de la época no le permitió señalar a los microorganismos como responsables en los ciclos biogeoquímicos de la materia, pero sus estudios sobre la degradación de la materia orgánica y la transformación de compuestos orgánicos nitrogenados, como ser, las proteínas, en fuentes amoniacales que son oxidadas paulatinamente a nitritos y nitratos nos sorprenden aún hoy. A este proceso de degradación de la materia orgánica lo denominaba “metamorfosis”. Aunque Frankland consideraba normal que hubiera 0,032 partes de nitrógeno en 100.000 partes de agua, Puiggari juzgaba excesivo ese valor para el agua del río de la Plata. Dicho de otra manera, la teoría de Frankland sólo era apropiada para medir una cantidad de impurezas análoga a la de los líquidos cloacales que desaguaban de la ciudad de Londres al Támesis. Así, por ejemplo, en una de las muestras de agua pertenecientes al saladero de Berisso, Puiggari encontró que 100.000 litros de agua eran equivalentes a 17.420 litros de las aguas cloacales de Londres. Este no dudó en afirmar que la contaminación de dichas aguas era atribuible a materias animales en descomposición. La escasez relativa de nitratos en las muestras tomadas indicaba que la contaminación del agua era debida a una causa reciente (lo que llamaba “polución moderna”) y no a la faena de los años anteriores (que hubieran dado como resultado lo que Puiggari denominaba “polución anterior”, caracterizada por la cantidad proporcional de nitratos que la acompañasen). Por ello, se vio obligado a sentenciar que dicha contaminación provenía de derrames recientes de agua de cola, efectuados por los mismos saladeros en la Bahía.
Frente a la palabra autorizada de Puiggari, el Consejo de Higiene aconsejó al gobierno la suspensión de las faenas de los saladeros establecidos en la Ensenada. Pero el juez de paz García y uno de los hijos de Antonio Cambacérès, Antonino, enfrentaron al Consejo. Aquel alertó al gobierno que el foguista muerto que había sido hallado flotando en el río, no había sido atacado por el cólera, sino que había sido asesinado, y los tripulantes del vapor Emilia habían fraguado la denuncia del agua contaminada para encubrir ese crimen. Cambacérès, por su parte, acusó al capitán de este vapor de agitar el fantasma de la epidemia a instancias del proveedor de alimentos del lazareto flotante, que no quería perder su negocio. También rechazó el procedimiento utilizado para la toma de las muestras de agua. De las veinte que se examinaron, tres botellas provenían de las inmediaciones del saladero de su padre. En una de ellas, que procedía del sitio de la Bahía donde paraban las chatas que recibían los residuos líquidos, el químico Puiggari encontró los mayores niveles de contaminación orgánica, con 1060 poluciones o contaminaciones en 100.000. Según Cambacérès, esta muestra había sido tomada en un punto “donde la corriente tiene una fuerza de más de un millón de pipas cada 24 horas” y deducía que si allí la corriente tenía la fuerza indicada, hubiera sido suficiente para llevar a la distancia lo que se arrojase, cosa que Puiggari no había tenido en cuenta al expresar sus conclusiones.

La cuestión del saneamiento, dos décadas más tarde
A diferencia de lo ocurrido en Barracas al Sud, y a pesar de que muchas veces se los puso en entredicho, los saladeros no fueron expulsados de la Ensenada. Ni siquiera se planteó su alejamiento cuando en la década siguiente se fundó la nueva capital provincial, La Plata, a escasos kilómetros de donde se hallaban. Pero no dejaron de ser una amenaza para las condiciones sanitarias del entorno, agravadas por la presencia de ese entramado urbano en crecimiento, que pronto se hizo demasiado cercano.
En la década de 1890, volvieron las denuncias contra las condiciones de higiene de los saladeros. En ellas se reconocen y destacan las profundas transformaciones que había sufrido el paisaje en las últimas dos décadas. En 1894, el químico Arce Peñalba afirmaría que los pobladores primeros no conocerían la Ensenada de hoy, con sus grandes obras del puerto, con cientos de buques anclados al lado de sus casas, y con la topografía del terreno modificada totalmente, vale decir que igual cosa sucede a las corrientes de agua con las nuevas canalizaciones que se han hecho”. Ahora, con la proximidad de la ciudad de La Plata, los intereses sanitarios de la nueva urbe iban necesariamente a chocar con los de la industria saladeril, “amenazando generalmente la integridad de los medios naturales: aire, suelo y agua.
Los dos saladeros de Unzue y Cía. y de Repetto, situados a pocas cuadras del gran Dock Central y al costado mismo del canal del Oeste, eran importantes establecimientos industriales, que mantenían una población de 500 habitantes. La firma Alfredo Peña y Cía., por otro lado, arrendaba los saladeros San Juan y San Luis de la Ensenada, propiedad de Enrique Berisso. Como hemos visto, los saladeros de la Ensenada estaban situados en terreno bajo, rodeados de esteros y lagunas en comunicación con riachos, los que a su vez derramaban sus aguas en los canales y en el río Santiago. Las condiciones de infraestructura eran pésimas. La edificación era defectuosa y deteriorada, principalmente por los corrales situados al costado del galpón donde se hacía la matanza de las reses. La playa debía haber sido impermeable y lisa para permitir el lavado diario, pero ello no era posible por ser en estos saladeros de tabla grande en unas partes y de ladrillo parado en otras. Las canaletas encargadas de conducir la sangre y el agua del lavado debían ser impermeables, para evitar filtraciones y escapes, pero al ser de tabla ordinaria permitían que los líquidos, en lugar de ser conducidos a un depósito, se escaparan en el trayecto por numerosas aberturas y aún por canales artificiales que iban directamente al suelo, lagunas y terrenos bajos que rodeaban los establecimientos. Sin embargo, una parte de la sangre y residuos sólidos y líquidos llegaban a un depósito grande impelidos por una bomba, para luego descender por un caño de hierro y ser conducidos a dos cuadras de distancia a un arroyo, donde se encontraban dos chatas, encargadas de recibir estos residuos para ser transportadas al río de la Plata a alguna distancia de la costa.
En el saladero de Repetto no existía este caño, sino una canaleta de madera, que terminaba en una gran laguna, donde disponían de dos chatas remolcadas por un vapor para recibir estos residuos. Esa laguna estaba en comunicación con los arroyos y canales del otro saladero, constituyendo en toda la ribera un gran estero, “donde el agua es negra y su putrefacción perpetua, visible porque en todas partes se observan burbujas.” Por otro lado, el aporte de sedimentos a los cursos superficiales de agua les había quitado profundidad y con frecuencia era necesario esperar varios días para que el agua permitiera remolcar la chata con residuos en estado avanzado descomposición, “y no era posible transitar por su cercanía, sin que los penetrantes olores provoquen sus efectos desagradables en los habitantes del puerto.” Sumado a esto se encontraba el derrame que hacía años se practicaba en los terrenos bajos, a modo de rellenos sanitarios, en cantidad tan abundante que “se había formado un fondo uniforme de más de 50 metros de espesor con los residuos putrefactos.
El 22 de agosto de 1894, el gobernador Udaondo decretó, siguiendo las recomendaciones del Consejo Superior de Higiene, la suspensión de las faenas de los saladeros situados en la Ensenada. La medida no sería suspendida hasta tanto sus propietarios ejecutasen un conjunto de obras de saneamiento. En primer lugar, debían proceder al dragaje del riacho de los saladeros hasta una profundidad de 1,80 m bajo el cero de la escala del puerto La Plata, debiendo ese dragaje extenderse desde el río de Santiago hasta el terreno en que estaban situados aquellos establecimientos. Asimismo, debían realizarse canales para desagotar los bajos y lagunas y poder luego rellenarlos y sanearlos. También debía construirse un malecón en la parte del riacho de 100 m de extensión al frente de cada saladero; las canaletas o tubos conductores de residuos líquidos debían desembocar dentro de los límites de ese malecón y las chatas en que tenían que depositarse aquellos residuos sólo podían atracar a él para cargarlos. Otra imposición fue dotar de pisos impermeables a la atalaya, con sus canaletas impermeables que conducirían directamente los residuos a los depósitos flotantes, lo mismo que instalar un depósito de aguas corrientes, cañerías, pisos y mangueras para lavado de cada establecimiento. El agua se debía tomar de perforaciones hechas hasta la segunda napa conocida como “arenas fluidas” y que corresponde al actualmente denominado acuífero Puelche, y no podría en ningún caso usarse otra agua para lavado de las instalaciones.
En los albores del siglo XX, los establecimientos saladeriles seguirían constituyéndose, contra lo que se afirmó, en un poderoso sector de manufactura, a pesar de haber desaparecido los demandantes tradicionales de tasajo –las sociedades esclavistas de Brasil y el Caribe–. Uno de los saladeros de la Ensenada, el establecimiento “San Luis”, que había sido fundado por Juan Berisso y era ahora arrendado por sus descendientes a la firma Alfredo Peña y Cía., faenó en 1894 unas 41.000 reses y dejó un margen de utilidades que rondaba los 1.800.000 pesos. El número de cabezas sacrificadas no estaba muy por debajo de los 68.666 vacunos que faenaba Berisso en 1875. Se trata de una cifra no despreciable, que puede ser cotejada con la de otros establecimientos similares en toda la Provincia, que a fines del siglo XIX producían aún cantidades considerables de tasajo. Queda por preguntarse, entonces, quiénes eran los nuevos destinatarios de la producción del sector saladeril, que supo adaptarse como ninguno a las exigencias de los mercados ultramarinos entre fines del siglo XVIII y la década de 1910.
Otro interrogante a resolver tiene que ver con las recurrentes exigencias de saneamiento que le hizo el Estado provincial, y que jamás fueron del todo cumplidas por el empresariado saladeril, salvo cuando se vio urgido de hacerlo por la presión de la opinión pública en tiempos de las epidemias. Un cuarto de siglo después de haberse planificado un sistema de cañerías para evacuar los residuos líquidos de los saladeros de Ensenada, estos seguían valiéndose del precario método de transportarlos en chatas hasta bien adentro en el río, y arrojarlos allí. Es evidente que la presión del Estado fue poco eficaz, o acaso no fue más que una máscara discursiva debajo de la cual hubo flexibilidad y tolerancia hacia una actividad que no podía llevarse a cabo en las condiciones higiénicas óptimas que se pretendían. Queda por resolver, por último, la pérdida millonaria ocasionada al volcar todos los años al río miles de toneladas de residuos, que pudieron haber sido aprovechados en la producción de guano por los métodos químicos que aconsejaba Puiggari, y adquiridos como enmiendas y fertilizantes para la producción agrícola europea.

         
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